Existen 12 mil quejas contra la Sedena por detenciones arbitrarias, incomunicación, intimidación, transgredir el derecho a la libertad sexual, trato cruel e inhumano, entre otros, de 2006 al 2023.
El abuso cesa por un tiempo, pero la víctima se niega a aceptar un crimen que no cometió. Entonces los soldados que lo arrestaron en abril de 2010 en Tamaulipas le metieron la cabeza en agua y de inmediato le aplicaron una descarga eléctrica.
Un año después, en Febrero de 2011, una mujer es arrestada arbitrariamente en Tijuana, Baja California, por presunta posesión de drogas, y luego llevada a un cuartel militar donde es torturada y violada.
Ambas historias se adjuntan a otras historias donde las descripciones son certeras: “El 27 de Enero de 2016, los militares perdieron a tres civiles que luego aparecieron muertos en Tepatitlán, Jalisco”. En otros, las historias tratan sobre asesinatos, abusos sexuales, secuestros forzados, torturas… La lista continúa. Estos hechos destacan a 318 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del 2006 al 2022.
Sin embargo, según los 163 documentos de referencia presentados por National Humane International, hasta el momento sólo 23 víctimas han sido condenadas por estos crímenes, mientras que el resto ha sido absuelto, sigue prófugo, enfrenta cargos o no está involucrado en ningún procedimiento en expediente.
Comisión de Derechos Humanos que aparece en el informe de la Sedena “Militares involucrados en actividades ilícitas consideraron violaciones a los derechos humanos con base en recomendaciones de la CNDH”.
Ante este panorama, los números hablan no sólo de la impunidad de las fuerzas armadas, sino también del trasfondo histórico y político en el que se negoció el Fuero de Guerra después de la Revolución Mexicana, explica la investigadora de seguridad nacional Paloma Mendoza Cortés. y fuerzas armadas.
Mendoza Cortés, miembro del Centro de Estudios de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del ITAM, señala que la jurisdicción y la doctrina juntas juegan un papel importante en la comprensión de la impunidad por parte de los militares.
«Pensemos por un momento en el enfoque del ejército, por ejemplo, un jurista respetado por las fuerzas armadas repitió en diversos foros que en México hay un 90 por ciento de impunidad en el derecho civil. interesante Los militares podrían interpretar esto a partir de una sensación de incapacidad del Estado de derecho con un margen operativo del 90 por ciento para violar la ley sin temor a ser castigados», subraya.
Mapa interactivo de la Universidad Iberoamericana Sedena
Entre la impunidad y las estrategias criminales para evitar la justicia
Datos del informe de la Sedena muestran que apenas 23 condenas reflejan un 93 por ciento de impunidad.
Sin embargo, de las 163 recomendaciones, sólo 73 de ellas acusaron, procesaron, condenaron o absolvieron a militares, es decir. sólo uno de dos. Sin embargo, para el experto en seguridad y profesor de la UNAM, Edgar Ortiz Arellano, las recomendaciones de la CNDH no significan que haya ocurrido un delito, sino que sugieren una posible violación de los derechos humanos.
Por otro lado, se destaca que sería necesario examinar por qué sólo una parte de los crímenes fueron condenados: «Esto debería ser explicado por las autoridades competentes que determinaron qué crímenes no están cubiertos por la ley. En otras palabras, no significa impunidad, sino simplemente que los crímenes eran esperados y no podían calificarse como tales.
Además, el académico destaca que el crimen organizado ha utilizado una estrategia en los últimos años, donde se acusa a las fuerzas armadas de torturas, violaciones de derechos y fabricación de delitos para evitar el derecho a actuar o impedir procesos penales.
Se presentaron 12 mil 352 denuncias ante el responsable del Ministro de Defensa Luis Crescencio Sandoval por diversas violaciones, como causar daño por uso arbitrario del poder público, detención arbitraria, aislamiento, intimidación, violación del derecho a la libertad sexual, tratos crueles e inhumanos, incluso entre Diciembre de 2006 y el 15 de Agosto de 2023. Esto coloca a la Sedena en el top 7 de denuncias contra dependencias gubernamentales en los últimos 9 años, según los indicadores del Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos.
Pocos casos con sentencia
En julio de 2008, José Heriberto Rojas Lemus fue detenido y torturado en un cuartel con descargas eléctricas para obtener información sobre la muerte de un soldado, luego asesinado y su cuerpo enterrado en secreto.
Por este hecho, un juez federal de Chihuahua condenó en Abril de 2016 al general Manuel de Jesús Moreno Aviña a 52 años tras demostrar su responsabilidad en los crímenes.
Esta frase forma parte de las sentencias del informe de la Sedena. Los cuatro restantes se refieren al abuso sexual de varias mujeres en Coahuila en Julio de 2006; otros 4, sin denunciar el delito ni su lugar de ocurrencia; sobre la tortura de otra mujer en 2016 a quien le entregaron una bolsa de plástico para obtener información, entre otras cosas. Sin embargo, estas son sólo una parte de seis de las 163 recomendaciones.
En contraste, 12 elementos se encuentran prófugos en el incidente «Naco, Son» en el municipio de Naco, Sonora, el 3 de Agosto de 2007, donde militares detuvieron a una persona que luego fue encontrada muerta y luego de ser torturada.
Otro desertor del ejército está acusado de la detención arbitraria de dos personas en Cuernavaca, Morelos en 2012, donde una de las víctimas desapareció y la otra se quitó la vida.
Sin embargo, los crímenes no sólo se cometieron contra civiles, sino que en otros casos el personal militar fue victimizado por sus colegas o comandantes.
Uno de ellos acaba de ocurrir el 24 de Noviembre de 2020, donde una unidad militar murió por broncoaspiración en una instalación militar y el oficial se encuentra prófugo desde esa fecha. Enfrenta los hechos.